De Caref: Al Mundo: Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 2017

De Caref: Al Mundo: Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 2017

Posicionamiento de organizaciones y redes de sociedad civil de Latinoamérica en el marco del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 2017

28 de junio de 2017 

La región Latinoamericana comprende uno de los corredores migratorios continentales más extensos y diver­sos a nivel mundial, al mismo tiempo que presenta los índices de desigualdad más elevados1. La cuestión de la movilidad humana a lo largo del continente obedece a causas estructurales, entre las cuales, junto a la vio­lencia social y política generalizada, destacan los modelos de desarrollo excluyentes que desplazan a comuni­dades que al no poder vivir en condiciones dignas, se ven obligadas a migrar. Nuestra región es testigo de las migraciones intrarregionales y entre comunidades transnacionales y transfronterizas, de tránsito y asentamien­to de poblaciones migrantes provenientes de países de África y Asia, así como de retorno por deportaciones o de manera voluntaria.

Las violencias en todo el proceso migratorio y la ausencia del Estado como garante de derechos, generan nuevos desplazamientos y efectos, como lo es el caso de las familias en búsqueda de personas migrantes desaparecidas o víctimas de homicidio, que para exigir y acceder a la justicia también tienen que migrar. Así mismo, la criminalización de la población en contextos de movilidad y la militarización de nuestras tierras, res­tringen cada vez más la movilidad humana en Latinoamérica. 

Los riesgos y la creciente violencia contra migrantes durante su trayecto ocurren en mayor escala, brutalidad y barbarie en la región que comprenden El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Una tragedia constante son las situaciones por las que atraviesan las personas migrantes víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos debido a distintos atropellos tales como el robo, la extorsión, el secuestro, la tortura, la tra­ta de personas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones en su tránsito por México, cometidas muchas veces por grupos del crimen organizado coludidas con el gobierno. Ejemplo de ello es la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando en Tamaulipas, México, en agosto de 2010. Este, como otros episodios similares, a pesar de haber sido denunciados por diversas organizaciones internacionales y organismos regionales2, continúa en completa impunidad.

La región sudamericana ha mostrado una postura en miras hacia la integración regional y la perspectiva de derechos humanos, sin embargo, comienzan a observarse políticas migratorias que afectan la movilidad de forma negativa, como el caso de Argentina con las modificaciones recientes a la Ley Nacional de Migraciones por la vía del decreto, y de Brasil con los vetos presidenciales a la norma aprobada por el Congreso. Incluso, pareciera que la puesta en marcha de centros de detención para migrantes comienza a ser considerada como una opción para los gobiernos de América del Sur.

Las políticas migratorias basadas en el control, la detención y la deportación de las personas migrantes, dise­ñadas desde una perspectiva de seguridad nacional y basadas en la militarización como mecanismo de con­tención, han generado además de violaciones a los derechos humanos, un aumento de la corrupción y colu­sión de autoridades en estos delitos graves, así como la criminalización de las personas migrantes y el fomen­to de la xenofobia entre las poblaciones locales. 

Por otro lado, debido a las estructuras patriarcales al interior de las sociedades e instituciones en América Lati­na, las personas con identidades sexuales diversas (LGBTTTIQ)3 y las mujeres en la migración, se enfrentan a mayores situaciones de violencias, discriminaciones y violaciones a sus derechos humanos por cuestiones de género, lo que afecta sus condiciones en la migración, el acceso a sus derechos y a mecanismos de protec­ción internacional.

La falta de voluntad política e incapacidad de los gobiernos para responder a las necesidades de protección de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, migrantes, refugiados y desplazados internos, se ve re­flejada en situaciones como la privación de su libertad en centros de detención migratoria, contrario a lo que dictan las leyes nacionales y estándares internacionales que velan por el respeto al principio del interés supe­rior de la niñez.

Finalmente, la situación de inseguridad, riesgo y desprotección de las personas defensoras de los derechos de la población migrante, refugiada, desplazada y solicitante de asilo, se acentúa debido a la persecución no sólo por parte del crimen organizado, sino también por agentes estatales y privados.

Demandas de la sociedad civil latinoamericana

Es evidente que los gobiernos no han logrado responder de manera adecuada a las necesidades de las perso­nas en contextos de movilidad humana y que se requiere de la participación de todos los actores involucrados para la reorientación de las políticas y directrices en la migración. La sociedad civil y las propias poblaciones migrantes, refugiadas y desplazadas internas somos actores sociales clave para ello. Las redes y organizacio­nes que suscribimos este posicionamiento, demandamos:

1/ No regresión en la política migratoria de la región. Todas las políticas públicas migratorias implementadas por los Estados deben de promover la hospitalidad y basarse en un enfoque integral de derechos que incluya a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y desplazadas en el escenario público y social, sin criminali­zarlas. El acceso a la justicia de esta población, en condiciones de igualdad y no discriminación, debe ser garanti­zado por los Estados, ya que resulta esencial para el ejercicio pleno de todos sus derechos. 

2/ Acceso a la justicia, a la reparación efectiva del daño y a la búsqueda e identificación de restos. Los Estados deben ampliar los mecanismos que garanticen integralmente el derecho a la justicia y los derechos de las víctimas (tanto migrantes como sus familias) en la investigación penal, apegados a estándares internacionales y la reparación integral del daño desde el lugar donde se encuentren. En caso de desapariciones y ejecuciones de mi­grantes, es necesario el compromiso de los gobiernos para crear bases de datos transnacionales, con datos ante mortem y genéticos, que permita a los Estados rendir cuentas acerca de las personas migrantes desaparecidas y ejecutadas, así como contar con un registro confiable sobre su identidad. Se debe garantizar la continuidad y am­pliación de los mecanismos que ya existen para la identificación de restos, así como la réplica de los mecanismos de acceso a la justicia transnacional que ya existen4. 

3/ Eliminar la detención de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas por razones adminis­trativas ligadas a su condición migratoria. Los gobiernos de la región deben de mostrar voluntad política para terminar con las políticas de detención migratoria y deportación, y que ésta deje de ser la regla para ser la excep­ción. 

4/ Políticas para la prevención de la deportación de personas migrantes. Los Estados deben de impulsar acuerdos y estrategias que eviten la deportación, aún a través de los programas de repatriación segura y ordenada, en lugar de centrar sus esfuerzos en el ordenamiento de las deportaciones. 

5/ Adecuar las políticas para atender a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Se deben de ade­cuar las normas nacionales y regionales a los estándares internacionales ya existentes en materia de refugio y asi­lo. Los Estados deben de asegurar el acceso al procedimiento de asilo y refugio tanto en las fronteras, vías diplo­máticas y al interior de los territorios, sin detención migratoria, con un apego y cumplimiento irrestricto del principio de no devolución. Asimismo, se requieren de mecanismos de recepción e integración plena a la sociedad desde el momento del inicio de la solicitud, y de mecanismos ágiles y respetuosos de los estándares internacionales en la determinación del estatuto de reconocimiento de protección internacional. 

6/ Impulsar mecanismos de regularización migratoria. Se deben de promover medios para brindar el acceso a una estancia regular que elimine los riesgos en que se coloca a la población migrante durante el tránsito y des­tino, como forma de favorecer la integración de los colectivos de migrantes, así como la convivencia social pacífica. Es necesario incorporar un análisis más allá de criterios laborales para la regularización, en el cual se contemplen situaciones humanitarias, la unidad o reunificación familiar y otros canales amplios e integrales para facilitar el ac­ceso a una regularización migratoria. 

7/ Políticas que favorezcan la integración de la población migrante. Se deben de promover programas inte­rinstitucionales de inserción integral partiendo de un enfoque transversal que permita a la población deportada, re­tornada, migrante establecida, solicitante de asilo o refugiada, acceder a todos los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, y fomentar la integración plena desde la diversidad cultural y hospitalidad con un enfoque de derechos. 

8/ Implementación de políticas y programas de verificación y monitoreo para trabajos temporales. Los flujos de población trabajadora temporal (tanto regular como irregular) deben de contar con políticas y programas que favorezcan mejores condiciones laborales, de contratación y facilidades para la regularización migratoria a fin de combatir el engaño y la explotación. Se debe de sancionar a aquellas empresas o empleadores que exploten o abusen de los trabajadores y trabajadoras. Así mismo, los gobiernos regionales deben iniciar campañas de ratifica­ción de los Convenios 97, 143 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)5. 

9/ Políticas migratorias con perspectiva de género. El Estado debe de reconocer el impacto y las necesida­des diferenciadas de las poblaciones en la migración desde un enfoque interseccional6 que permita generar meca­nismos para eliminar las exclusiones y las condiciones que colocan a sectores específicos como las mujeres o la población LGBTTTIQ en situación de vulnerabilidad, discriminación y riesgo, o que genere violencia en el origen, tránsito, destino y retorno. 

10/ Procedimientos garantes del interés superior de la niñez migrante. En coherencia con lo que establece la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los gobiernos de la región deben pro­mover mecanismos interinstitucionales adecuados para la protección especial de la infancia migrante, priorizando la unidad y reunificación familiar y evitando la detención en todo momento, de acuerdo al interés superior de la niñez. 

11/ Protección y respeto pleno a las comunidades indígenas de la región. Los organismos internacionales tales como la OIT y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, deben de ser rigurosos en el monitoreo de los mecanismos que se ejecuten desde el Estado para el acceso a una consulta plena, libre e informada que permita a los pueblos originarios deter­minar sus propios destinos en cuanto a la implementación de proyectos de desarrollo por parte de los gobiernos y de empresas transnacionales. Así mismo, se deben de implementar mecanismos de penalización cuando no se respete este derecho, o se proporcionen contratos ilegales para la concesión de sus tierras que impliquen la intro­ducción de empresas extractivas y la puesta en marcha de megaproyectos. 

12/ Cumplimiento de los estándares internacionales en materia de protección en el marco del proceso de la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. Se insta a los gobiernos de la región a apegarse a los estándares internacionales en materia de protección en el marco del proceso de la implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. En esta línea, se pide el compromiso de la Relato­ría de los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la región, así como de otros espacios pertinentes en el ámbito de las Naciones Unidas, tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para la observancia rigurosa de dicho cumplimiento. Esto es fundamental para la garantía de los derechos de las personas desplazadas internas, refugiadas y víctimas en el exterior, y para la construcción de paz en la región. 

13/ Reconocimiento, apoyo y no criminalización de la labor de personas defensoras de migrantes. Los gobiernos deben de reconocer la labor de ayuda humanitaria y defensa de las personas migrantes y refugiadas que realizan organizaciones de sociedad civil, y de las familias que participan como voluntarias en los albergues y otros espacios. Por lo tanto, los Estados deben de exentar del pago de servicios a las casas y albergues para migrantes y población refugiada, así como facilitar espacios adecuados y seguros en donde realizar dicha labor, respetar su trabajo y no criminalizarles. 

14/ Participación amplia de la sociedad civil, de las personas migrantes y refugiadas, así como sus fa­miliares, en el diseño y creación de políticas públicas regionales. Los gobiernos de la región deben de pro­mover mecanismos de participación social claros y accesibles, en donde todos los países de América Latina se vean representados. Esto con la finalidad de construir una agenda regional para las migraciones de la mano de la sociedad civil, las personas migrantes, refugiadas y sus familias. Espacios como la Conferencia Sudamericana so­bre Migraciones (CSM) y la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), deben de contar con espacios transpa­rentes y abiertos para la inclusión y participación efectiva de actores no estatales. 

1 Véase “La matriz de la desigualdad social en América Latina”, CEPAL, 2016.

2 Véase los informes de Amnistía Internacional (2008, e informes anuales de 2012 a 2016), Human Rights Watch (2016), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013) y las Recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (2015).

3 Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer.

4 Nos referimos al Mecanismo de Apoyo Exterior (2015) como mecanismo de acceso a la justicia, y a la Comisión Forense (2013) y los bancos de datos forenses de Centroamérica y México que cruzan datos con Estados Unidos.

5 Convenios C97 y C143 sobre los trabajadores migrantes y la promoción de la igualdad de oportunidades, y C189 sobre las trabajadoras y los trabajado­res domésticos.

6 Se refiere a las diferentes exclusiones que se entrecruzan en una persona o grupo, desde las cuales se originan múltiples tipos de violencia, desigual­dad y situaciones de vulnerabilidad. 

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